Caminamos en tiempos difíciles en lo que respecta al complejo entramado financiero nacional e internacional, raro es el día en que no aflora alguna noticia de portada o los informativos no abren sus ediciones con informaciones relevantes acerca de la difícil situación económica internacional o los nubarrones que se ciernen ya no solo sobre nuestro país sino en el entorno del espacio económico europeo o el resto de los países más industrializados.

Dentro de los diferentes apartados que componen los presupuestos generales del Estado, es el capítulo dedicado al gasto social el que absorbe buena parte de los recursos asignados, concretamente los epígrafes sobre pensiones, desempleo y otro tipo de prestaciones; todo ello sin tener en cuenta el enorme esfuerzo económico que supone el pago de los intereses y amortizaciones de una deuda pública creciente, sometida a todo tipo de vaivenes financieros e incesantes movimientos especuladores.

Centrando nuestra atención en el complejo panorama sanitario, según se afirma en el estudio “Diez temas candentes de la sanidad española para 2011”, presentado recientemente por PriceWaterhouse Coopers (PWC), diversas estimaciones sitúan el déficit de la sanidad entre el 10 y el 15 por ciento de los presupuestos asignados a dicho capítulo por las comunidades autónomas (59.738,14 millones de euros, en los presupuestos de 2010), pudiendo estimar que existe una deuda acumulada aflorada que está entre los 10.000 y los 15.000 millones de euros.

Con la sanidad transferida, son las comunidades autónomas las que acumulan buena parte de la deuda en esta materia, ya que los gastos sanitarios representan entre un 30 y un 40 por ciento de su presupuesto.

El problema añadido es que las dificultades que se están encontrando las comunidades autónomas para financiar la actividad sanitaria se están trasladando a los diferentes proveedores, lo que hace que buena parte de la iniciativa privada vinculada a este sector se vea afectada en mayor o menor medida. La industria farmacéutica, la de tecnología, la biotecnológica, la de distribución o la farmacia, la propia sanidad privada, están sufriendo los rigores de las ingentes medidas y propuestas que una tras otra se van superponiendo impactando negativamente en sus respectivas cuentas de resultados y por lo tanto en sus procesos de desarrollo.

De este modo, se está haciendo cada vez más complejo que las empresas innovadoras sigan apostando por nuestro país, ya que los escenarios imprevisibles son los que generan la mayor desconfianza y al final la deslocalización, eso sin tener en cuenta el efecto negativo en el empleo; en este sentido, se calcula que se pueden perder más de 17.000 puestos de trabajo en el sector solo con las últimas medidas interpuestas por el gobierno de recorte de precios y prescripción por principio activo, cifra que se uniría a los despidos provocados por medidas anteriores, lo que llevaría a una cifra mucho más elevada de desempleo y paro en un sector de alta innovación como es el de la sanidad, paradigma del nuevo modelo económico basado en el conocimiento del que tanto se alardea y que quedó reflejado en la ley de sostenibilidad aprobada recientemente.

Según el citado informe, “La deuda de medicamentos y productos sanitarios a 31 de diciembre de 2010 ascendía a 8.739 millones de euros, de los que sólo Andalucía, la Comunidad Valenciana y Castilla y León computan más del 35 por ciento. Incluso muchos proveedores tienen que soportar demoras en los pagos superiores a los 600 días, siendo las comunidades autónomas que más dilatan los pagos Cantabria (709 días), Baleares (645 días) y Murcia (612 días). Así, podemos hablar de una financiación indirecta de las comunidades autónomas a cargo de los proveedores sanitarios”.

Con el objetivo de aliviar la situación de impago en la que se encuentran las empresas, en 2010 se reformó la Ley de Morosidad, por la cual la Administración está obligada a pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 50 días en 2011, de 40 días en 2012 y de 30 días a partir de 2013 y en caso de no pagar a tiempo, la Administración debe abonar intereses a las empresas, facilitando además a éstas que no tengan que ir a juicio para reclamarlos.

El gasto de personal del Sistema Nacional de Salud asciende al parecer según PWC a más de 29.000 millones de euros y representa en torno al 45 por ciento del gasto sanitario público total. Es una partida en continuo crecimiento, ya que entre el año 2002 y 2008 se ha incrementado en un 79 por ciento, lo que ha supuesto un promedio de crecimiento en torno al 10 por ciento anual. Pero este importante capítulo no solo no es sometido a revisión si no que crece exponencialmente, por lo que es evidente que se debería realizar un análisis quizás no tanto cuantitativo, ya que el nuestro es un sistema de creciente y angustiosa demanda sobre la que imperiosamente habría que actuar para evitar el colapso de centros y servicios, sino cualitativo en términos de incremento de la productividad y mejora de la competitividad del personal que ejerce su actividad profesional en el entorno público laboral, administración, hospitales y todo tipo de centros asistenciales del Sistema Nacional de Salud.

Es en este sentido en el que el estudio de PWC señala muy acertadamente que “un objetivo central para el Sistema Nacional de Salud debe ser el buen gobierno de sus centros, que conduce a la eficiencia y rentabilidad social de las instituciones, utilizando como activos de valor la transparencia y la confianza en los procesos de gestión al servicio de la sociedad. La cultura de buen gobierno debe desarrollarse desde los órganos centrales y desplegarse a todos los niveles, y requiere implantar sistemas de evaluación e instrumentos de control que garanticen la veracidad y transparencia de todas las actuaciones del sistema”. El enfoque, continúa el informe, para cualquier plan de mejora de la productividad, debe incluir estrategias dirigidas a reducir los costes de producción y mejorar los resultados de la atención a los pacientes, mientras que otras estrategias permitirán liberar recursos (tiempos de personal, de equipamiento, etc.) para ser utilizados de forma más productiva.

Según un estudio reciente, si este aspecto clave no es tenido en cuenta, de continuar este ritmo de crecimiento anual, el gasto sanitario podría duplicarse en diez años hasta los 135.000 millones de euros, pudiendo llegar la brecha de financiación hasta 60.000 millones de euros, lo que provocaría sin duda una situación más que compleja para todos aquellos que provisionan de productos y servicios a un sistema público que adolece de eficiencia en la gestión motivada en muchos casos más por aspectos políticos que por requerimientos técnicos o profesionales.

El IDIS con un año de actividad incesante e ingente en todos los sentidos, con sus iniciativas en diferentes formatos, informes, encuentros, debates, mesas redondas, jornadas, congresos, visitas institucionales, comunicados y demás, en definitiva, con todo su esfuerzo de desarrollo corporativo y organizacional, ha dejado más que patente y demostrado que la sanidad privada no solo es necesaria a todas luces, sino que ahorra recursos y dota de eficiencia y suficiencia financiera al sistema en su conjunto; no en vano más de diez millones de personas avalan con su confianza al entorno sanitario privado, confianza que viene derivada por la eficiencia en la gestión de los recursos y los excelentes resultados de salud obtenidos en cada caso.

Diez millones de asegurados que usan con asiduidad y plena confianza los servicios, las áreas de máxima complejidad de los centros y hospitales privados, todos ellos dotados con las últimas tecnologías y los mejores profesionales. Personas que descargan colectivamente al sistema público de salud de recursos financieros y de presión asistencial, parámetros estos que inciden directamente en la búsqueda de una más que necesaria suficiencia económica de dicho sistema.

Ahora toca un tiempo de sumar voluntades, de caminar todos juntos al unísono y presentar un proyecto sanitario que sume y no que reste, que cuente con todos y que no haga distingos ni diferencias.

La sanidad y su ordenamiento no es patrimonio de nadie, sino que corresponde a la sociedad, y son los gestores públicos y privados quienes han de conferirle las soluciones más adecuadas que salvaguarden sus derechos, evitando duplicidades en el consumo para lo cual es necesario aprovechar todos los recursos disponibles dentro de un sistema que es único con un doble aseguramiento y provisión, pública y privada.

Dejemos ya de una vez por todas la demagogia fácil, electoralista de la privatización, que no es cierta y traslademos a la opinión pública que todos trabajamos en pos de la complementariedad e integración de los sistemas en beneficio del paciente, medido todo bajo el catalizador de los resultados de salud, el acceso y la equidad que es al final lo que nos debe importar y preocupar a todos para que España siga liderando el ranking de los países más avanzados, modelo, en esta materia clave.